Resumen: Recuerda esta sentencia que la competencia funcional para conocer del recurso de suplicación es revisable de oficio, sin que la Sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado al respecto en el propio trámite de suplicación, porque la recurribilidad en casación, depende a su vez, de que la sentencia de instancia sea recurrible en suplicación. La aplicación de esta doctrina al supuesto litigioso, que traía su causa en la pretensión de la actora en reclamación de cantidad, concretamente por el concepto de paga extra de verano, postulando que la empresa debe abonar a la trabajadora la parte proporcional al tiempo trabajado y devengo de dicha paga, es decir del 1 de julio de 2019 al 20 de marzo de 2020, (8,67 meses). La determinación cuantitativa que efectúa el escrito es la siguiente: 1419,48 €/12 = 118,29X8,67 meses = 1025,57 euros; dado que le abonaron 623,95 €, existe una diferencia a favor de la actora de 401,62 euros, que es la suma total que aquella peticiona, obliga a la Sala a estar al valor económico anual de la pretensión ejercitada, y a apreciar de oficio que el mismo no alcanzaban la cuantía mínima legalmente exigible para acceder al recurso de suplicación. Tampoco concurre la afectación general.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda de oposición a la aprobación de la modificación del convenio que puso fin a concurso de acreedores. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. El tribunal delimita el objeto del procedimiento: la aprobación o rechazo de la propuesta de modificación de convenio (artículo 3 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que regula un cauce procesal para la modificación de un convenio o convenios previamente aprobados). Delimita el tribunal las causas de oposición y motiva el rechazo de la alegación de hechos de nueva noticia. El tribunal rechaza la liquidación encubierta alegada como causa de oposición. También rechaza la alegación de propuesta condicionada y la de alteración de los créditos reconocidos en el convenio, que se invocan como causa de oposición.
Resumen: Confirma la sentencia que desestimó la acción individual de responsabilidad por daños seguida contra el administrador social demandado. Para el éxito de esta acción recuerda que es preciso que concurran los siguientes requisitos: 1) Un comportamiento activo o pasivo desplegado por los administradores; 2) Que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal; 3) Que la conducta sea antijurídica por infringir la Ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal; 4) Que la sociedad sufra un daño; y 5) Que exista relación de causalidad entre el actuar del administrador y el daño. Desestima el recurso dado que entiende que no concurre el elemento de antijuridicidad en la conducta del administrador demandado dado que no se probado el cierre de hecho de la mercantil sin seguir el procedimiento legalmente previsto para la disolución y liquidación, dado que el administrador solicito el concurso dentro del plazo derivado de la legislación COVID 19. También rechaza la relación de causalidad, dado que sí un cierre de hecho de una sociedad viene seguido de una declaración de concurso de acreedores de la sociedad, esa relación de causalidad se difumina tanto que dificulta su apreciación, dada la concurrencia de otros acreedores y la imposibilidad de hacer frente a las deudas con el activo existente.
Resumen: Constituye el objeto del recurso de apelación la sentencia del Juzgado que estima el recurso de la abogada contra la Resolución de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valladolid por el que se impusieron a ésta dos sanciones de suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo de quince días, por la comisión de una infracción consistente en no poner en conocimiento de la clienta el estado del procedimiento y de otra consistente en no llevar a término de forma diligente el asunto encomendado. El juez considera que se ha producido una infracción del principio de proporcionalidad y de tipicidad porque se ha elegido esa sanción, sin tan siquiera exponer que hechos o circunstancias han llevado a elegirla. La Sala considera que no hay infracción del principio de proporcionalidad, pues la gravedad es una apreciación potestaiva. En cuanto al principio de presunción de inocencia queda enervado por la acreditación de la realidad de los hechos objeto de sanción y así se considera acreditada la comisión de las infracciones
